Artículo actualizado el
4/10/25
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España ha dado un paso histórico hacia un sistema alimentario más justo, sostenible y eficiente. El 20 de marzo de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una normativa pionera que establece medidas concretas para reducir el volumen de alimentos que se pierden o desperdician en nuestro país.
En este artículo te explicamos de forma sencilla qué implica esta nueva ley, a quién afecta y por qué es tan importante.
En 2022, se desperdiciaron más de 4.260 millones de kilos de alimentos en España, según Eurostat. La mayor parte de estos productos son perfectamente comestibles. Mientras tanto, cientos de miles de personas siguen enfrentándose a situaciones de inseguridad alimentaria.
El desperdicio alimentario tiene consecuencias graves:
• Económicas: pérdidas millonarias para productores, comercios y consumidores.
• Sociales: alimentos tirados mientras muchas personas no tienen acceso suficiente a una dieta equilibrada.
• Ambientales: los alimentos que no se consumen generan emisiones de gases de efecto invernadero, consumen agua, energía y suelo en vano.
Además, España tenía el compromiso de reducir este problema como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en particular el ODS 12.3, que establece reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030.
La ley tiene como fin principal prevenir y reducir el desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena, desde el campo hasta el consumidor final.
Entre sus objetivos concretos destacan:
• Reducir en un 50 % el desperdicio per cápita en hogares, restaurantes y comercios minoristas antes de 2030.
• Reducir en un 20 % las pérdidas en la producción, transformación y distribución.
• Fomentar la donación segura de alimentos como alternativa prioritaria a su eliminación.
• Promover la economía circular y el aprovechamiento de excedentes alimentarios.
• Sensibilizar a la población y a las empresas sobre la importancia de un consumo responsable.
La ley propone medidas adaptadas a cada sector. Algunas de las más destacadas son:
📋 Planes obligatorios de prevención del desperdicio para empresas de alimentación, restauración y distribución.
📦 Prioridad legal a la donación de alimentos, siempre que se garantice la seguridad y trazabilidad.
📅 Revisión del etiquetado y mejor información sobre fechas de consumo preferente.
🏛️ Campañas de sensibilización a nivel estatal, autonómico y local.
📊 Medición y seguimiento del desperdicio alimentario en todo el país.
La ley se aplica a todos los agentes de la cadena alimentaria:
• Agricultores y productores primarios
• Industria agroalimentaria
• Distribuidores y supermercados
• Comercios minoristas
• Restaurantes, hoteles y servicios de catering
• Administraciones públicas
• ONGs y entidades sociales que gestionan donaciones
Esta normativa no solo busca evitar el desperdicio, sino también fomentar un modelo más eficiente y responsable. Se prioriza el uso humano de los excedentes (donación) y, solo si no es posible, se permite su destino a alimentación animal, reciclaje o compostaje.
Además, está alineada con otras estrategias clave como:
La Estrategia Española de Economía Circular – España Circular 2030
El Pacto Verde Europeo
La nueva Política Agraria Común (PAC)
La ley fue publicada oficialmente el 28 de marzo de 2025 y entrará en vigor en los próximos meses (fecha exacta pendiente de publicación en el BOE). Las empresas y entidades tendrán un plazo para adaptarse a las nuevas obligaciones.
La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario supone un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de una recomendación: el compromiso contra el desperdicio se convierte en ley.
Desde Comerso, apoyamos todas las iniciativas que contribuyan a valorizar los excedentes alimentarios. Esta nueva ley es una oportunidad para construir un sistema alimentario más justo, más eficiente y más humano.
